La Agencia Local de Desarrollo (ALDES), en colaboración con la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, acoge este jueves la presentación de la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social (RSC) con un acto en el que intervendrán el director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa y la concejala de Empleo y Desarrollo Local Sonia Tirado.

La jornada de presentación arrancará a las 10:00 horas, en el Salón de actos del edificio Porta Ferrisa, y a continuación se llevará a cabo una mesa redonda en torno a la ‘Aplicación de la legislación en materia de Responsabilidad Social en empresas’ moderada por Irene Bajo, profesora de Derecho de la Universidad de Alicante, y en la que participarán tres voces expertas en la materia: Emma Verdú, abogada del despacho Cuatrecasas; Arturo Jiménez Rodríguez, socio director de desarrollo territorial y responsabilidad social en Atama Estrategia Responsable; y Paula Dellaroza, responsable en la Comunidad Valenciana de la Ingeniería Social Consultoría.

Durante este encuentro, Josep Ochoa explicará las principales novedades de la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social (RSC) y pondrá en común los detalles del texto con diversos representantes del mundo empresarial alicantino.

Esta jornada forma parte de las diferentes acciones de divulgación que ha venido desarrollando la Dirección General de Responsabilidad, tras la reciente ronda de contactos con los diferentes interlocutores sociales sobre el borrador del proyecto de esta ley.

El borrador de la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social estuvo abierto a consulta pública desde el 4 de julio hasta el 15 de septiembre del pasado ejercicio, un foro on line que recogió más de un centenar de aportaciones fruto de la participación ciudadana, documento que se convirtió en el punto de partida para elaborar esta norma.

Principales aspectos de la futura Ley RSC

La responsabilidad social, como conjunto de compromisos de orden económico, social y ambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas, representan un valor añadido contribuyendo al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible.

El objetivo de la futura ley de Fomento de Responsabilidad Social es extender e involucrar a las administraciones públicas en el fomento de la responsabilidad social en general y, en particular, dentro de su propia organización. La administración valenciana, en su condición de prestadora de servicios públicos, puede usar de forma estratégica la contratación pública y exigir, en el marco de la legislación aplicable, cláusulas en la contratación como herramienta para fomentar dicha responsabilidad, y alcanzar una mayor transparencia en la gestión como medio de lucha contra la corrupción.

La nueva ley de Responsablidad Social contemplará, entre otras cuestiones, la prohibición de que la administración valenciana contrate con empresas que radiquen u operen en paraísos fiscales o que se hayan visto incursas en casos de corrupción.

Asimismo, el establecimiento de cláusulas sociales y las buenas prácticas por parte de las empresas serán prioridad para las contrataciones que desarrolle la Generalitat y su sector público, además de un estímulo a la responsabilidad social para las empresas, especialmente para pymes y autónomos.

Con la finalidad de potenciar la participación, análisis y consulta en materia de responsabilidad social, se crea a su vez el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social como órgano colegiado y de participación del Consell en esta materia, y se constituye como Observatorio de la Responsabilidad Social en la Comunitat, que actuará como órgano de información y consulta.

Algunas de estas cláusulas son de carácter social como el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social; la inserción laboral de personas con diversidad funcional; el fomento de la estabilidad en el empleo; la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otras.

A su vez, se incluyen requerimientos ambientales como eficiencia energética; el uso de productos reutilizables; el empleo de energías renovables; o la minimización de emisiones o adecuada gestión de residuos.

En cuanto a las cláusulas éticas se recogen medidas adoptadas relacionadas con códigos de conducta; transparencia y acceso a la información publica; lucha contra la corrupción; o comercio justo.