De  entre los propósitos más perseverantes e icónicos para el año nuevo  siempre están aquellos  relacionados con la salud. Los mismos ya toman forma durante el  preceptivo  atragantamiento  con las uvas de nochevieja convirtiendo lo soportable  en urgente e inaplazable.

Al fin y al cabo emitir deseos  saludables –revisar el colesterol, el ácido úrico, los triglicéridos y bajar de peso; hacer más ejercicio, controlar la tensión arterial, dejar de fumar o aclarar aquel síntoma soportado pero no explicado– implican un proceso consciente de manifestar metas. Y en ese proceso el Estado y sus Comunidades tienen la obligación de proteger y garantizar su cumplimiento  mediante un adecuado Sistema Sanitario Público.

Yo, que soy amante de escenarios catastróficos con visos de realidad, me impongo a principios de año la tarea de repasar el estado de nuestro Sistema Sanitario, llámenme masoquista. Es un objetivo menos heroico que los citados pero, desde mi mala salud de hierro, intento  analizar y comprender determinados  acontecimientos pasados y presentes relacionados con la sanidad y la salud, por intentar, si se diera el caso,  tomar posiciones de cara a cercanos y futuros eventos políticos por si estuviera en mi mano no convertirlos en recalcitrantes. En todos esos “acontecimientos” encuentro parámetros comunes. Haré un breve repaso teniendo en cuenta mis querencias y lo tragicómico que me resulta  la socialdemocracia en busca de la equidad social  en un marco capitalista. Lo haré en cuanto acabe de reír, sardónicamente.

2025, y en este caso valga la rima asociada,   ha sido el año en que las costuras del Sistema sanitario  han vuelto a resquebrajarse por enésima vez convirtiendo sus  problemas en  auténticos escándalos políticos y sociales en demasiados puntos de nuestra geografía. 2025  ha sido un puzle de episodios que juntos ofrecen la imagen de un modelo sanitario fané y descangallado.

¿Cómo calificar los escandalosos fallos andaluces en los cribados  de cáncer de mama dejando a miles de mujeres  sin la prometida actuación y prevención? Más de 2.300 mujeres sufrieron un error en las pruebas o directamente dejaron de ser citadas, tal y como indicaban  los protocolos de intervención. Se habló de errores en los sistemas de información, de descoordinación entre áreas y de problemas de seguimiento que se habrían prolongado en el tiempo.​ Se intentó  minimizar el alcance del escándalo reduciendo el problema a 23 casos mientras las cifras reales apuntaban a un impacto mucho mayor.​ El garrafal fallo en los cribados  se gestionó y se defendió, eufemísticamente,  como un desajuste informático, un  cálculo erróneo,  poniendo en peligro la vida de muchas mujeres.

¿Qué pensar de los lamentables  audios de Pablo Gallart, máximo responsable del Hospital de Torrejón de Ardoz (Ribera Salud) instando a “desandar el camino” de reducir listas de espera, dejando clarinete  que bajar demasiado los tiempos de demora les había hecho perder mucho dinero? Terminó hablando este “erudito” de seleccionar procesos, priorizar lo rentable y tensar de nuevo las listas para cuadrar las cuentas dando a entender, subliminalmente, que “cuadrados” debe tener también un par de cosas cercanamente unidas. Sobre todo porque dicho  centro siempre ha sido financiado con dinero público y gestionado por la citada empresa privada bajo un contrato de concesión, presentándose durante años como un ejemplo de eficiencia sanitaria. Al final comprendemos cuál era su estrategia: privatizar el beneficio y  socializar el daño provocado.​

Sin embargo, el punto crucial no es Torrejón, ni siquiera el citado prócer de las finanzas sanitarias o el lenguaje utilizado por el mismo demostrando un singular desprecio por el paciente y/o ciudadano. Más bien el meollo del asunto  es el mensaje político que destapa: cuando se cede la gestión de un hospital a una empresa cuyo objetivo prioritario es obtener beneficios, la tentación de convertir la listas de espera, el material reutilizado o la selección de pacientes en variables económicas, es, para algunos como  mierda para  mosca: simplemente irresistible “en se y per se”, como diría aquel recordado galaico-catalán.

¿Qué decir de la privatizada Sanidad madrileña -y de otras Comunidades con el mismo modelo perverso-  convertida en la principal preocupación de sus ciudadanos?  Nada más cierto que aquello que de Madrid al cielo. Su Atención Primaria sigue colapsada y su dependencia de la sanidad privada es su principal criterio de existencia.  Parece que da igual saber que cuando falla la atención primaria el equilibrio y la sensatez de todo el sistema sanitario se derrumba y se colapsa.

Los elementos de esa “movida madrileña  sin música”  son parecidos a los del resto de comunidades con el mismo modelo y se agrupan en  torno ​a la citada e infradotada Atención primaria, con profesionales (hoy en pie de guerra) que denuncian plantillas insuficientes, agendas imposibles y agresiones físicas y verbales mientras los ciudadanos sufren unas listas de espera quirúrgica y de especialistas que se disparan, empujando a muchos de ellos a buscar alternativas en el sector privado o a, simplemente,  tirar la toalla.  Por otro lado el establecimiento obsesivo, patológico e interesado de los conciertos con grandes grupos como Quirón salud se ha convertido en el recurso central del sistema mientras se externalizan cada vez más servicios y se normaliza el contexto de la privatización progresiva, tan sospechoso como insolidario.

¿Y qué decir de la Sanidad valenciana siendo esta  la que peores servicios sanitarios tiene de toda España? (Informe FADSP 2025 sobre “Los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas”). En dicho informe se analizan 35 variables del sistema sanitario de cada autonomía otorgando un total de 62 puntos a la Comunitat Valenciana, que la colocan en las últimas posiciones del ránking. El estudio muestra un incremento sostenido de la privatización del 14,7% desde 2014, explicitando una tendencia  que agrava las desigualdades territoriales y compromete el derecho universal a una atención sanitaria pública y de calidad. La valenciana es la segunda peor autonomía en cuanto a  disponibilidad de consultas en Atención Primaria en 24 horas. Solo el 18 % de la población la consigue; en Navarra, por poner un ejemplo, lo consigue el 57 %.

Otro de los indicadores sanitarios valencianos expone el bajo presupuesto por habitante con 1.668,12 euros y que la  sitúa entre los cuatro peores comunidades de España, y, por comparar con el resto de comunidades, añadiremos que el  grupo  lo cierra es Madrid con 1.468,23 euros siendo el País Vasco, con 2.217,67 euros el que más presupuesto soporta.

Y finalmente  por no alargar más la agonía a la que nos someten, destacar el aumento del gasto farmacéutico por habitante con un porcentaje a la baja de la receta de genéricos. Sumemos para completar el cuadro la  baja densidad de profesionales por cada mil habitantes con especial relevancia la de médicos de familia y de personal enfermero; el insuficiente número de camas hospitalarias y  la elevada cantidad de pacientes atendidos en las atiborradas Urgencias. No se me olvide apuntar el notable incremento del gasto por bolsillo en servicios sanitarios privados. Cuanto peor funciona la sanidad pública más se  recurre a la privada.

Valgan estos pocos ejemplo demostrativos de por dónde van los tiros de nuestro Sistema Sanitario. Al final el panorama y las conclusiones generales son los mismos en la mayoría de Comunidades: A) Creciente privatización.  B) financiación insuficiente y desigual que genera brechas territoriales. C) Graves problemas estructurales: retrasos para citas de atención primaria por escasez de médicos, de especialistas y personal de enfermería. D) Sobrecarga laboral con el lógico agotamiento profesional E) Centros saturados, hospitales atrabiliarios o con falta de equipamiento. F) Bajo presupuesto. G) Sistemas informáticos desactualizados. H) Procesos administrativos complejos e I) Enormes diferencias entre áreas urbanas y rurales.

En el orden del día están los diagnósticos retrasados; el aumento de enfermedades no tratadas en tiempo y forma; una mayor mortalidad por causas que hubiesen tenido tratamiento si se hubiese llegado a tiempo; el empeoramiento de enfermedades crónicas; el aumento de absentismo laboral; un mayor gasto en emergencias y menos en  prevención. Un dato demoledor de la pérdida de confianza en el Sistema Sanitario Público es el  aumento de contratación de pólizas de salud privadas reflejando, en la mayoría de casos, el hastío,  el miedo y la desconfianza en el mismo.

Estos elementos establecen un panorama temible  y nos da pistas sobre cuál puede ser la evolución de nuestro sistema si los  ciudadanos no somos conscientes  que hemos de activar el desfibrilador de nuestras conciencias y, unos por otros,  llegar a entender  que la asistencia sanitaria no puede quedar supeditada   a una cuenta de resultados, ni a la mala gestión ni a la falta de trasparencia. Ni siquiera deberíamos asumir los riesgos como forma de actuar pues  la mayoría de veces estos riegos se transforman en errores humanos  y no políticos ni ideológicos, dando la vuelta a una tortilla por la que se deberían pedir muchas responsabilidades.

La cuestión es si se asumirá que la salud debe quedar a salvo del negocio, de la opacidad y de la desprotección y se entienda de una vez que la misma es una inversión y no un gasto, o si se seguirá confiando en que los próximos errores vuelvan a encubrirse como “errores puntuales” dentro del actual Complejo médico-industrial.

Mientras tanto levanto mi copa (tiene que ser vino bueno) y me como las cuatro uvas que me guardé en Nochevieja esperando un momento más propicio. Lanzo, durante su degustación,  cuatro deseos al aire de estirpe sanitaria para que puedan ser compartidos  estimulándonos   a convertir lo soportable en urgente e inaplazable:

• Derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Aquella que permitió diversificar la gestión de los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) más allá de la gestión pública directa, introduciendo figuras como las Empresas Públicas, las Sociedades Anónimas de Gestión o los Conciertos público-privados.
• Revisión profunda de los modelos de concesión hospitalaria, con cláusulas de penalización cuando se demuestre que se ha priorizado el beneficio sobre la calidad asistencial.​
• Transparencia absoluta en aquellos conciertos con grupos privados, incluyendo requisitos de derivación y resultados clínicos comparables con los de la  red pública.​
• Auditorías independientes de los programas de cribado en todas las comunidades, con publicación íntegra de los resultados y compensación a las personas afectadas.

Prioritario y  urgente debe ser fortalecer nuestro  Sistema Nacional de salud formado por el de todas  sus Comunidades. Es un  derecho ciudadano fundamental y el Estado tiene la obligación de protegerlo y garantizarlo y que estas sean nuestras  metas más prioritarias. Aquellas que jamás se  nos atraganten ni se olviden.

Adrián Martínez
Médico