El próximo martes, en el juzgado de primera instancia nº 12 de Murcia, a las 13,30 horas, se celebra acto de conciliación por demanda del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana Galiano, y del concejal de Hacienda y Recursos Humanos del mismo ayuntamiento, Rafael Almagro Palacios, contra el todavía interventor de la localidad, Fernando Urruticoechea Basozabal, quien dada la presión a la que estaba sometido por los responsables políticos municipales ha solicitado nuevo destino obteniendo su traslado a Torre-Pacheco, en la provincia de Murcia y espera el nuevo nombramiento en los próximos días en el BOE.
Esta denuncia contra el interventor fue planteada el 12 de julio, después de que un artículo de prensa (6-7-2016) y un comunicado de esta organización (24-6-2016) dejaran en evidencia las mentiras que con anterioridad habían sido vertidas en medios de comunicación por el alcalde de Orihuela del Partido Popular, Emilio Bascuñana.
Además de mentir respecto al informe de liquidación del interventor Urruticoechea sobre la situación económica del ayuntamiento, que según el alcalde no había sido presentado, al interventor le fueron denegados permisos en navidad del año 2015 y en mayo de 2016, cuando tenía billetes adquiridos para desplazarse con su pareja y su hijo a Budapest donde ella iba a un acto profesional. Este último permiso fue denegado dos días antes señalando un botón rojo en la intranet interna municipal.
Lo cierto es que el informe de liquidación de 2015 que el alcalde negó que existiera fue elaborado por el interventor y remitido al Ministerio de Hacienda el 31 de mayo de 2016, dejando constancia fehaciente de la situación económica municipal, que aconsejaría intervenir el ayuntamiento, situación coherente con las prácticas desarrolladas en el mismo y que habían provocado 77 informes de reparo del interventor durante el pasado año 2016.
Esta dinámica de atacar al que resulta molesto en la gestión de lo público, en este caso un funcionario interventor en el ayuntamiento, evidencia que el discurso del PP y de sus máximos responsables respecto a propiciar un clima de transparencia, de respeto a quienes plantean en el uso de sus competencias reparos a decisiones políticas que afectan al dinero público es falso, impostura, hipocresía política, porque cuando se trata de pasar de los discursos grandilocuentes a los hechos, estos muestran la verdadera cara de quienes quieren gestionar lo público sin controles molestos que puedan suponer obstáculos legales a sus decisiones políticas. Ese es el caldo de cultivo en el que nacen las prácticas corruptas que asolan nuestra sociedad.