El sistema sanitario actual no es santo de  muchos devotos al considerarlo caro, oscuro, insostenible  e incapaz de dar respuesta a los problemas de salud  de la población. A esa suma se le añaden nuevos peligros muchos de ellos evitables con tal que hubiese una mínima formación o voluntad política. La inacción por parte de las administraciones públicas, al contrario que aquella obra pirandelliana, “es un gran autor en busca de personajes”.  Con el PSOE-y periferias- la coincidencia con aquel tiempo de secano sanitario gobernado por el PP es, de momento, un espejo que devuelve la imagen de una  enfermedad  consuntiva.

Complicado es elegir por cual agujero de tan rancio queso sanitario empezar.  Analizaremos en primer lugar la situación laboral de los médicos en España  atendiendo a un estudio de 2016 que con el  mismo título y realizado por la  Organización Médica Colegial (OMC) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos destaca  que  casi el 44 % de médicos ha sufrido algún tipo de acoso, discriminación o maltrato en su centro de trabajo  instigados o realizados  por sus propios superiores o iguales. Constata que muchos colegas son diana de insultos, vejaciones y conductas arbitrarias y discriminatorias, sometidos a una excesiva carga laboral, horarios inadecuados y trabas a su implementación y desarrollo profesional lo que, sin lugar a dudas, debe repercutir en su  trabajo asistencial. Un dato: más del 58  % de médicos no tiene plaza en propiedad y se mantienen  a base de contratos tan de corta o larga duración como tan de  silencios conspicuos y atronadores. La  Asociación Médica Mundial (AMM), entendiendo la naturaleza jerárquica de la medicina y el desequilibrio de poder  asociado a ella, ha denunciado dicha cultura de intimidación y acoso en la profesión  lanzando una declaración oficial en la que insta a las asociaciones y colegios de médicos, a la administración y a los empleadores sanitarios, a implementar políticas contra este tipo de prácticas.

Por otro lado el negocio sanitario en manos del estado y de los citados  instigadores con algún cargo donde ejercer poder,  se ha convertido en un monopolio  dogmático cuya esencia es el secuestro de  la ciencia y del arte de hacer medicina. Las terapias alternativas, avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), están siendo  perseguidas. Tal es el caso de  la Acupuntura -tan  utilizada  en centros sanitarios públicos  y privados, como descalificada por las mismas  administraciones sanitarias- y la Homeopatía. Ambas en ese punto de mira ideológico que afecta no solo al derecho  de los profesionales que las practican sino  ninguneando determinadas sentencias  judiciales que  justifican su uso. Las terapias alternativas “no son cuestión de fe sino de ley” afirmó no hace mucho la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Alicante. Porque hablando de cuestiones legales véase por ejemplo la sentencia  dictada en 20015 por el  magistrado del Tribunal Supremo Francisco  González Navarro. Resumo: “la medicina  no suele presentar un único método por más que la protocolización de los actos médicos invita a ajustarse a unas pautas seriadas de diagnóstico y tratamiento terapéutico, lo que no excluye que puedan existir otros métodos que pese a no ser de uso generalizado pueden ser igualmente utilizados si en el caso concreto se considera que pueden ser más eficaces. Y no está de más añadir que /…/ el saber discrepante abre nuevos caminos a la ciencia y su aplicación”. Los  derechos de  libertad de expresión, información y publicación están siendo conculcados por  instituciones y personajes controlando, fiscalizando y demonizando a aquellos sanitarios,  muchos médicos,  que discrepan de sus “verdades oficiales” en un ataque directo a los citados derechos, a la convivencia y a la cohesión  ciudadana y social

Muchos podrán defender  los más de 3.000 protocolos usados por la medicina oficial pero su  eficacia es dudosa: el  65 % de los mismos no están avalados científicamente. De hecho los fallos y abusos de tales protocolos posicionados en  la medicina basada en la evidencia (MBE)ya fueron denunciados  por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la Fundación Health Partners y el ex editor del  British Medical Journal (órgano oficial de la Asociación Médica Británica). Las revisiones  clínicas en esta materia efectuada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la Cochrane Collaboration o el citado British Medical Journal (estudio Clinical Evidence)  proyectaban sombra sobre la pésima calidad de los estudios científicos sobre los que se basa la utilidad “fabricada” de muchos de los citados protocolos sobre todo farmacológicos. En la revista PloS Medicine un artículo de título ¿Por qué la mayoría de los resultados publicados sobre investigación son falsos?, escrito por John Ioannidis, demuestra que  el 80 % de los estudios no aleatorios y  el 25 % de los aleatorios son erróneos. En la misma revista otro artículo con el  clarificador título de  ¿Por qué la mayoría de la investigación clínica es inútil? da una medida de lo que está pasando.  En otro trabajo  aparecido en Acta Sanitaria  de título La Medicina como ciencia: menos arrogancia que tiene poca ciencia  se concluye, entre otras cosas,  que el 90 % de la investigación publicada en medicina es falsa; que la mayoría de estudios publicados no se pueden replicar; que el 85 % del dinero usado en investigación es puro despilfarro; que apenas el 11 % de los 3.000 protocolos de la medicina convencional han demostrado ser útiles; que los medicamentos de síntesis causan en la Unión Europea la  muerte de 179.000 personas al año; que las embarazadas, parturientas y madres lactantes están siendo sometidas  a tratamientos y pruebas innecesarias o  que millones de varones se vuelven incontinentes e impotentes a causa de tratamientos prescritos por urólogos al diagnosticarles cánceres de próstata inexistentes. Al amparo de laMBE se han cometido excesos y abusos tal y como reflexionaban  dos grandes figuras, Feinstein y Horwitz –relacionados con la epidemiologia y el juicio clínicos- señalando  la  instrumentalización que de la misma han hecho  los intereses de estados, empresas y prebostes.

El sistema, a pesar de la buena praxis de la mayor parte de los profesionales sanitarios, soporta  serias carencias y fallos  en cuya raíz se encuentran  fabulosos intereses comerciales. Determinadas instituciones, incluidas las políticas y partidistas, también personales, llevan tiempo subrogándose indebidamente una función de “tutelaje de la salud ciudadana” que ha traspasado todas las barreras de lo permisible intentando imponer un pensamiento único sustanciándolo  a través de la presión, la medicalización y  la  “farmacotización” de la  ciudadanía. Secuestro que permite incidir  en la autonomía  y en el derecho a la libre elección, información y decisión  de muchos ciudadanos. La administración, la OMC, algunos prebostes y determinadas industrias con intereses,  ejercen no solo la posesión de la verdad absoluta  sino una tutela  que nunca han ejercido  en otros aspectos importantes de la misma como son el consumo  tabaco y el alcohol, la conspicua contaminación, los plásticos, los pesticidas y herbicidas, la contaminación electromagnética, la publicidad engañosa  sobre productos alimentarios, la utilización y publicidad  inadecuada de medicamentos, etc, etc,  demostrando poco interés por los derechos de los consumidores

Hay que recalcar que la Ley  establece como prioritaria  la protección de los consumidores y no su tutela. Por tanto tenemos derecho a acceder no solo a la información oficial,  seleccionada, cribada y muchas veces manipulada, sino a todo tipo de información por incómoda que esta sea. Alguien tendrá que explicar  por qué el40% de lo que hacen los médicos es incorrecto y cuál es su causa y origen. Incorrecciones demostradas en un  estudio del año 2013 donde se analizaron 363 artículos publicados durante diez años en la prestigiosa  revista The New England Journal of Medicine, y evaluando si una nueva práctica médica era mejor que aquella a la que había sustituido. De dichos estudios el 40,2%  encontraba que la nueva práctica resultaba ser peor que la anterior.

Numerosos son los  trabajos efectuados sobre las técnicas de manipulación del mercado sanitario: desde los disease mongers (creadores de enfermedades),  hasta los escritores fantasma  de artículos científicos -la organización Proyect on Goverment Oversight (POGO)  demostró su injerencia   en áreas tan específicas como la de los antidepresivos pediátricos- pasando por los   activistas a tiempo completo, los diseñadores de ensayos “dirigidos”, los periodistas “independientes”, los fabricantes de cadáveres y los “bocachanclas”  en red  convertidos en influencers marionetas. Aparte están los dedicados  a diseñar, dirigir y/ o controlar  sociedades y asociaciones instrumentales de todo tipo tanto de profesionales como de pacientes y estudiantes.  Eso sí apreciando y remunerando sus bondades. La propia patronal farmacéutica española Farmaindustria  ya admitió  su interés por las asociaciones de enfermos. Interés denunciado por el Comité Permanente de Médicos Europeos en 2004evidenciando que  el  mismo  no era más que  puro marketing.

La medicina convencional tiene el monopolio de los servicios de salud y por consiguiente de la misma salud. La contrapartida es que ha  generado, a pesar de los destellos tecnológicos,  un sistema sanitario incapaz de dar respuestas a los nuevos retos planteados y donde  la gestión del riesgo  y la investigación pasan  por  las  fauces de la empresa privada, el marketing, la gran industria farmacológica y los grandes lobbies relacionados con ellas. Mientras tanto  y a base de “cocina” se nos sigue vendiendo un pasado aceptable, un  presente inmejorable y un futuro prometedor. Sin embargo en el pasado hasta el  Ministerio de sanidad llego  a maquillar las opiniones del ciudadano común: los datos de satisfacción real –lo que pensaba el ciudadano de la asistencia  sanitaria recibida-   publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) eran  muy distintos a  los que difundía el  citado ministerio. En el presente evidenciamos una impenitente saturación de las urgencias, unas eternas  listas de espera, la distracción de horarios, pacientes en  los pasillos, plantas  hospitalarias cerradas, determinados servicios  clausurados  en verano (véase en nuestra comunidad el cierre, y posterior apertura,  de la única unidad de anorexia de Alicante y el envío a casa de los  pacientes) un sistema de recetas revisable, un exasperante déficit de dialogo entre los distintos niveles asistenciales y la falta  crónica de determinados profesionales y de infraestructuras.

Por otro lado el gasto farmacéutico no para de crecer tornándose insostenible.  Según el Ministerio de Sanidad España se gastó en 2016 más de 21.000 millones de euros en 15.049  tipos de medicamentos de los que 12.268 se dispensaron en farmacias y 2781 en hospitales. Sin embargo la mayoría de ellos son sintomáticos, paliativos y no curativos.  La propia OMS reconoce que solo una pequeña parte de ellos son “esenciales”, 43 según la lista difundida en junio de 2017.  Los demás demuestran el despilfarro y el peligro a los que se expone a la población. En un informe de la Organización No Gubernamental (ONG) Intermón Oxfam, titulado Una economía al servicio del 1%, se puede leer que las enormes ganancias económicas de la industria sanitaria están basadas fundamentalmente en la especulación con los medicamentos. Dicha especulación  repercute en el precio de los medicamentos  tal y como denunció en 2016 la Sociedad española de Salud Pública y Administración sanitaria (SESPAS). Tanto  como lo es el dato emitido por el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de  España sobre el número de intoxicados  graves por fármacos  cada año: unos 80.000. Enorme es la lista de medicamentos que ha provocado efectos secundarios mortales o graves. De esta forma los medicamentos de  prescripción médica son la  tercera  causa de  muerte en EEUU y Europa. En España cerca de 3000 personas mueren anualmente por esta causa.

Ampliamos la denuncia a la utilización de recursos excesivos  en la práctica clínica  con resultados poco brillantes ya que los mismos ni siquiera consiguen mejorar la expectativa de vida o mejorar la calidad de vida de los pacientes diana. Caso concreto es el de los quimioterapicos o remedios contra el cáncer y determinadas estrategias sobre las que hay dudas razonables sobre sus beneficios tales  como el cribado de cáncer de mama o de próstata o, ya lo verán, el cribado de cáncer de pulmón o los marcadores tumorales. Hoy se pagan precios desorbitados  por quimioterapicos  que apenas alargan la vida  dos o tres semanas. Y a pesar del riesgo compartido se usan fármacos para indicaciones que no están contempladas o son inútiles  para personas que no tienen riesgo alguno. Sin embargo las novedades introducidas  en la práctica clínica que deben evaluarse sistemáticamente  mediante ensayos clínicos efectuados por una agencia independiente que identifique aquellas más eficaces y elimine las inadecuadas, están en manos de la gran industria. La misma manipula a la sociedad, incluyendo a los profesionales de la salud, utilizando entre otros el marketing en el primer caso y la  influencia en el segundo.

Las grandes multinacionales  y sus  grupos de presión influyen sobre las más altas instituciones nacionales e internacionales – la OMS, la FDA, la Comisión europea y el Parlamento europeo-  efectuando acciones que comprometen la capacidad de los gobiernos  para proteger al ciudadano. Las “puertas giratorias” permiten que se ocupen puestos clave en la toma de decisiones a pesar de los evidentes conflictos de interés. Y en cuanto a la influencia el catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y ex Director General de Salud Publica entre 2008 y 2011 destaca que “Las tácticas más intensas incluyen ilegalidades tan burdas como ofrecer sobornos incluso a la máxima autoridad de un ministerio”.  Opinión vertida en un artículo publicado en Journal Epidemiology and Community Health de  título Vías de influencia indebida en la formulación de políticas sanitarias: la perspectiva de un actor principal. El mismo catedrático relata además determinados casos de ilegalidad cometidos por determinadas empresas, ya sea amenazando con retirar vacunas en tiempos de crisis sanitaria  intentando que se les eximiera de cualquier responsabilidad en caso de efectos secundarios, pasando por  ataques personales a las autoridades en revistas y periódicos. La industria condiciona la política gubernamental recurriendo a estas y otras  estrategias: sobornos, chantajes, propuestas de contratación, regalos, campañas negativas, bloqueo de posiciones políticas contrarias a sus intereses o simplemente accediendo a la información estratégica  del mismísimo ministerio de salud y estableciendo el control  sobre las agendas.

Nuestro sistema sanitario también ¿por qué no decirlo? tiene sus bondades. Pero para lisonjas ya están otros y hasta es posible que  la  percepción de la ciudadanía  camine en otro sentido más  optimista. Los no devotos pensamos en gris  y en lo que representa tal sistema: el fracaso de nuestros gobernantes, el de una sociedad cortoplacista, distraída y autocomplaciente y estratégicamente anestesiada, atemorizada y controlada por  un capitalismo salvaje premeditado y orquestado por los grandes centros de poder económico que a su vez  rechazan  toda injerencia democrática.  Es el fracaso del sistema en el sentido más amplio de la palabra.

ADRIAN MARTÍNEZ

Médico y miembro de la coordinadora estatal de Recortes-Cero