El teniente de la Guardia Civil D. Francisco Javier López Sacido, en los últimos cuatro años ha cosechado innumerables denuncias de sus subordinados y personal otro donde me incluyo, por cuanto tuve que poner en conocimiento de la Fiscalía por mi condición de asesor de miembros de la Guardia Civil afiliados a  un determinado sindicato, en al menos tres ocasiones, distintos hechos con relevancia penal que la propia Fiscalía entendidó como  oportuno someter a investigación, no optando por el archivo, el groso de las denuncias han recaído en  el Juzgado de Instrucción número tres de los de Elche (A), al ser competente este partido judicial por razón del lugar de la comisión o más bien presunta comisión de los hechos objeto de investigación penal.

Estos hechos, que no son cuestión baladí,  y más aun cuando de un Oficial de la Guardia Civil se trata, se traducen en una dejadez absoluta en la custodia de documentación oficial, es decir, son múltiples las denuncias que no han llegado a su legítimo destino por motivos que se ignoran pero bien se pueden suponer cuando se trata de amistades, conocidos u otros del denunciado o de quién hacía de su mano derecha en la tramitación de asuntos oficiales, denuncias que para así dar apariencia de legitimidad fueron  grabadas en un fichero policial, lo que implica que existan personas y figuren como denunciadas en un sistema de gestión operativa de la Guardia Civil, sin que la presunta infracción haya sido sometida al procedimiento legal establecido y así poder tener una legítima consecuencia o un archivo sin responsabilidad. Es decir, siendo lícito incluir a una persona como denunciada en un archivo policial, no lo es tanto haberla incluido cuando la el contenido de la denuncia objeto de la inclusión en el archivo, no ha sido sometida al procedimiento oportuno, para valoración y dictamen.

Es más que evidente, o al menos yo así lo entiendo que este Oficial debería de repasar la abundante normativa existente en relación a la protección de datos de carácter personal y más allá, pararse a pensar si es legítimo que alguien esté incluido en un fichero policial sin su conocimiento y consentimiento cuando no se tramitado la denuncia que originó el haber sido incluido en la mentada base de datos. Esta situación es fácilmente entendible que los distintos superiores de este Oficial deberían de tomar cartas en el asunto de manera inmediata.

Si esto les puede parecer grave, o incluso repugnante por tratarse de hechos todos ellos ocurridos bajo el mando del Señor López Sacido en un acuartelamiento de la Guardia Civil,  y con la férrea disciplina con la que se hace gala el Benemérito Instituto, párense a pensar cuando este particular oficial, reconoce abiertamente ante un subordinado suyo en relación a una denuncia por tenencia y/o consumo de sustancias estupefacientes que fue también distraída de su curso legal y así denunciada ante el Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial en Alicante, como lo engañó en connivencia con el Guardia Civil Cáscales Munuera, encargado de la oficina de la Plana Mayor de Santa Pola, manifestando según consta en la grabación de voz ya judicializada como inventó para así lograr llevar a engaño al citado Jefe de Policía Judicial que la droga no llegó a su destino junto a la denuncia acta de aprehensión por haberse caído al suelo.

A mi modesto parecer una excusa que, o bien puede parecer o infantil, o que este oficial sabiéndose tantas veces denunciado y hasta la fecha conservando su puesto se puede creer impune, afirmación esta que no se hace de manera gratuita sino  basada en hechos reales y fácilmente constatables que se resumen en:

Existencia de un acta denuncia, existencia de un oficio enviado a Sanidad adjuntando un sobre cerrado con lo que al tacto pudiere parecer un trozo de alguna sustancia.

Es más que evidente que nadie prepara un oficio de remisión de sustancia para su análisis, ni lo numera, ni mete algo que previamente se ha caído al suelo en un sobre cerrado y lo sella. A mi juicio es una burla total ya no solo a todo el colectivo de la Guardia Civil y resto de policías que velan a diario por evitar el consumo de sustancias en la vía pública, sino que además es una burla manifiesta y una deshonra hacia su uniforme, profesión y cadena de mando, a quienes compromete con estas inusuales actuaciones. Cuando no a sus subordinados a los que “les mete el mochuelo”, por su condición de máximo mandatario en el Acuartelamiento de Santa Pola.

Pero es que, además, coincidiendo con el día de la Constitución, he tenido conocimiento de una nueva denuncia frente a este Oficial, al parecer recepcionada por el Equipo de Policía Judicial de Santa Pola, por qué presuntamente otros documentos oficiales no han salido de la Unidad y menos llegado a su destino, cuando el propio documento según tengo constancia cierta fue recepcionado

Decir por último que hay también otro Agente dentro de la misma Unidad, nada menos que el Segundo Jefe de la misma, de baja también de larga duración por otros hechos también judicializados,  donde el Ministerio Fiscal en informe que consta en los propios Autos entiende que existe cuando menos un delito de falsedad en documento oficial atribuible al Teniente Comandante de Puesto de Santa Pola, por cuanto fraguó y redactó unas diligencias penales de las que posteriormente se desentendió por motivos que se ignoran pero que también son de fácil intuición por la gran animadversión declarada que profesa contra el Subteniente segundo Jefe, comprometiendo a otro Agente a que firmara y rubricara las mismas.

Como pueden suponer esta conducta es más que cuestionable,  y desaconsejable para alguien que viste el uniforme del Cuerpo policial más valorado de España.

Alejandro Beviá Ramos, Guardia Civil retirado, licenciado en derecho.