Los vecinos de Crevillent han recibido un escrito de Catastro sobre la regularización de sus Bienes Inmuebles, dando un plazo de 15 días desde que recibieron la notificación, para conocer las alteraciones catastrales de sus inmuebles, bien de forma electrónica o presencial en la oficina de Catastro de Crevillent. El plazo de reclamación comienza en el momento que el vecino firma que ha recibido la notificación.

Loreto Mallol, Primera Teniente de Alcalde, informa que dada la afluencia masiva de público se ha colapsado el Punto de Información Catastral sito en el municipio, autorizado por el Director General del Catastro para que los vecinos puedan acceder a la información catastral. Debido a esta circunstancia, el Alcalde, César Augusto Asencio, ha preparado un escrito en el que solicita a la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante,  que se amplíe de hecho y si es posible de derecho, el plazo para que los vecinos puedan ser informados y así se contribuya a una mayor seguridad jurídica de los mismos y a su capacidad en la obtención de pruebas en su defensa.

Mallol recuerda que se trata de la actualización, de la adecuación a la realidad actual y que no tiene nada que ver con el Plan General de Urbanismo del Ayuntamiento. La revisión tampoco tiene que ver con un incremento del valor catastral del suelo o de las construcciones, solo se trata de incorporar las ampliaciones o nuevas construcciones que no se han declarado y así evitar un agravio comparativo con aquellos que  lo han declarado.

La Regularización Catastral es un procedimiento masivo que se realiza en los municipios españoles y que tiene como finalidad la incorporación al catastro mobiliario de todos los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las modificaciones de sus características, tanto por  añadido, como por ejemplo una piscina, un porche o un almacén o por demoliciones y que por ley deberían haber sido declarados.  Lo que Hacienda pretende es detectar estas situaciones irregulares, y regularizarlas con los cambios oportunos, mediante el abono de la tasa de regularización catastral, cuyo importe asciende a 60 € y que sustituye a la tasa por infracción que tendría una mayor cuantía económica. Los 60€ son para compensar al Estado el coste administrativo que suponen estas regularizaciones que lo que pretenden es que todos los vecinos estén en igualdad de condiciones.

Lógicamente, prosigue Mallol, antes de abonar la tasa se debe comprobar que los nuevos datos son correctos y lo que el Alcalde ha solicitado es que se amplíe el plazo concedido para que los vecinos puedan informarse y puedan reclamar en caso de que no estén de acuerdo con las modificaciones.