Cristina Martínez y Fernando Durá, concejales del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, han expresado su contrariedad y desacuerdo por la sanción con la que se ha cerrado el expediente abierto contra la empresa DYA Elche por el incumplimiento el pasado verano del contrato de salvamento y socorrismo, que ha sido de 1.002 euros, cantidad que se ha quedado en 601 euros tras aplicarse una rebaja del 40%.

“La empresa contratista ha reconocido que incumplió el contrato disponiendo en las dos primeras semanas del servicio de menos personal contratado que el que estaba estipulado en el contrato firmado”, ha criticado Cristina Martínez, portavoz de Ilicitanos por Elche, que ha recordado que la concejala de Turismo negó lo ocurrido al principio pero “no tuvo más remedio que reconocer las irregularidades después que Ilicitanos por Elche revisáramos el expediente, constatando todo lo que con anterioridad había denunciado un grupo de socorristas, a los que Mireia Mollà ni escuchó ni creyó”.

Por su parte, Fernando Durá, portavoz adjunto de la formación política, ha explicado que el pasado día 1 de junio, fecha de inicio de la temporada de baño y por tanto del servicio de socorrismo contratado, debía  disponerse de 21 socorristas pese a lo que solo hubo 13 socorristas. Además, ha añadido Durá, donde debía haber 5 patrones de motos acuáticas, solo se contrataron 4.

Tras incidir en que por el servicio de socorrismo y transporte sanitario, la empresa DYA Elche cobró en 2016 más de 344.800 euros: “En la temporada de verano, que es cuando se cometieron las irregularidades, la empresa contratada cobraba más de 2.500 euros diarios”, ha señalado Durá que ha explicado que “en la sanción se habla de que ha contratado menos personal desde el 1 de junio hasta el 16 de junio, por lo que se está hablando de un periodo de 15 días en los que DYA nos costó al Ayuntamiento de Elche más de 40.000 euros”.

Fernando Durá ha añadido que “desde Ilicitanos por Elche seguimos pensando que la irregularidad que se cometió y se ha reconocido debería haber sido calificada como muy grave ya que así lo estipula el contrato firmado si el incumplimiento se ciñe a la utilización de personal, equipos y material que no se corresponda con los definidos en el pliego, o en cantidades inferiores a las previstas”. La calificación como falta muy grave hubiese supuesto una sanción de hasta 15.000 euros.

“Queda la sensación que incumplir el contrato ha salido gratis, la sanción es casi una invitación a cometer fraude y una tomadura de pelo a los que cumplen escrupulosamente la Ley”, ha apostillado Fernando Durá que ha reiterado que durante esos quince días de servicio contratado “sólo el esfuerzo en horas extra y el buen hacer de los socorristas propició que el servicio saliera adelante”.