Apenas transcurridas veinticuatro horas de nuestra distribución publica sobre las reformas legislativas de las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla como fronteras exteriores de la Unión Europea y la revisión de su “Estatus Especial” se produce una nueva muerte de una porteadora de mercancía por avalancha humana en una de éstas fronteras.

Desde la Agrupación Reformista de Policías ( ARP) hemos querido ser sensible con este delicado asunto tipificando el contrabando de mercancía,  “comercio atípico”, si bien,  tras la muerte de una persona, en esta caso de nuevo una mujer marroquí porteadora de excesivos kilos de mercancía que como tantas otras son explotadas física y comercialmente a su paso por las fronteras de Ceuta y Melilla, nos obliga a decir que se debe poner fin a este irregular tratamiento del paso de mercancía entre países, utilizando a cualquier ser humano.

Esta vida sesgada por la presión y los condicionantes de violencia que se puedan dar en ese submundo de intereses comerciales a escasos metros y a la vista de funcionarios policiales y autoridades aduaneras españolas, nos obliga a exigir de todas las partes implicadas hacer una profunda reflexión para que desde el más profundo de los respetos a los familiares de la mujer fallecida, suponga un antes y un después esta muerte, y suponga el fin a una explotación consentida en ambos lados de las vallas fronterizas.

Solicitamos la puesta en marcha de unas fronteras que regulen el paso obligado de las mercancías de forma adecuada conforme los convenios internacionales entre países fronterizos. En las fronteras de Ceuta y Melilla se debe aplicar el Convenio Internacional sobre la Armonización de los Controles de las Mercancías en las Fronteras que señala el Convenio de Kyoto Revisado (CKR) tendente a contribuir a racionalizar el proceso del despacho de mercancías de forma distinta al actual.

Desde hoy mismo y con la muerte de esta mujer marroquí, se debe poner fin al paso de las denominadas porteadoras procedentes de Marruecos en territorio de la Unión Europea (Ceuta-Melilla), exigiendo de las autoridades judiciales, políticas y policiales se adopten de forma urgente las medidas necesarias para evitar más muertes innecesarias por la complejidad de un negocio que a todos nos debe avergonzar, y como denunciamos, acarrea serios problemas de seguridad laboral y jurídicos que afectan también a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.