La Agencia Local de Desarrollo (ALDES), en colaboración con la Conselleria de  Responsabilidad Social, han anticipado hoy a más de medio centenar de empresas y entidades los detalles de la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social (RSC), una normativa “pionera y vanguardista” que marcará el camino a seguir para que Administración y empresas sean socialmente responsables y conceptos tales como la igualdad, las buenas prácticas y el desarrollo sostenible se integren en el ADN de su funcionamiento.

   La  concejala de Empleo y Desarrollo Económico, Sonia Tirado, y el director general de Responsabilidad Social, Josep Ochoa, han sido los anfitriones de esta jornada que se ha desarrollado en el edificio Porta Ferrisa, sede de la Agencia Local, con la asistencia también del concejal de Presidencia y portavoz del gobierno municipal, Natxo Bellido, así como de las representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT en Alicante, Consuelo Navarro y Yaissel Sánchez, y numerosos miembros de diferentes entidades y colectivos empresariales como las gerencias de IFA y Mercalicante, así como representantes de FEMPA, la Fundación CAM, la Mesa de Igualdad, APSA, UPAPSA y COCEMFE.

   La concejala de Empleo, Sonia Tirado, en su intervención de bienvenida ha mostrado su satisfacción por el alto interés que ha despertado esta jornada y ha remarcado el carácter participativo de esta nueva normativa, que además, según ha precisado, se “ha gestado y ha crecido al mismo tiempo que ha crecido el compromiso de la sociedad con la responsabilidad social”.

   Sonia Tirado ha recordado que con frecuencia la Responsabilidad Social no ha recibido toda la atención que  merece desde el mundo de la empresa y desde las propias Administraciones públicas y por ello, en el actual mandato, los gobiernos del cambio tanto desde la Generalitat Valenciana como desde la propia Agencia Local, se han volcado para fomentarla e implantarla “no como una práctica de marketing social, sino como motor de generación de riqueza tanto económica como social, laboral y medioambiental”.

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         Tirado ha recordado que, “si bien las empresas que han venido  implantando políticas de conciliación, igualdad y medioambiente han sido consideradas como pioneras o altamente convencidas de la necesidad de la responsabilidad social”, lo cierto es que en estos momentos, “después de años de crisis, abusos, recortes y economía depredadora, una empresa que no es socialmente responsable no es una auténtica empresa”.

   Por su parte, el director general de Responsabilidad Social Josep Ochoa ha desgranado los avances que introduce la nueva normativa para empresas, y organizaciones e instituciones públicas y privadas, con un amplio conjunto de compromisos de orden económico, social y ambiental que representan un valor añadido y deben contribuir al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible.

   En el caso de la Administración pública valenciana, en su condición de prestadora de servicios públicos,  la futura ley de Fomento de Responsabilidad Social plantea que puede usar de forma estratégica la contratación pública y exigir, en el marco de la legislación aplicable, cláusulas en la contratación como herramienta para fomentar dicha responsabilidad, y alcanzar una mayor transparencia en la gestión como medio de lucha contra la corrupción.

   Así, según ha comentado Ochoa, la nueva ley de Responsabilidad Social contemplará, entre otras cuestiones, la prohibición de que la administración valenciana contrate con empresas que radiquen u operen en paraísos fiscales o que se hayan visto incursas en casos de corrupción, y establecerá cláusulas sociales y buenas prácticas.

  Algunas de estas cláusulas son de carácter social como el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social; la inserción laboral de personas con diversidad funcional; el fomento de la estabilidad en el empleo; la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otras.

   A su vez, se incluyen requerimientos ambientales como eficiencia energética; el uso de productos reutilizables; el empleo de energías renovables; o la minimización de emisiones o adecuada gestión de residuos.

   En cuanto a las cláusulas éticas se recogen medidas adoptadas relacionadas con códigos de conducta; transparencia y acceso a la información publica; lucha contra la corrupción o comercio justo.

   La Jornada organizada este jueves en Alicante además ha contado con una interesante mesa redonda en torno a la ‘Aplicación de la legislación en materia de Responsabilidad Social en empresas’, de carácter eminentemente práctico, que ha estado moderada por Irene Bajo, profesora de Derecho de la Universidad de Alicante.

    En la mesa han participado tres voces expertas en la materia, como han sido: Emma Verdú, abogada del despacho Cuatrecasas; Arturo Jiménez Rodríguez, socio director de desarrollo territorial y responsabilidad social en Atama Estrategia Responsable; y Paula Dellaroza, responsable en la Comunidad Valenciana de la Ingeniería Social Consultoría.