Además, la JGL ha aprobado por unanimidad los certificados de la mesa de contratación relativos al suministro de banderas para el área de protocolo –con un coste máximo de 7.000 euros al año más IVA-; el mantenimiento y revisión de alarmas en instalaciones municipales -17.182 euros al año en un contrato de 4 años con la posibilidad de ampliarlo en 2 más-; el suministro de productos químicos para el mantenimiento de las piscinas municipales -12.629 euros al año en un contrato de 2 años prorrogable por otros 2 -; y el mantenimiento y reparación de colegios públicos de enseñanza primaria del municipio, en este caso adjudicado por 134.871,59 euros. La secretaria de la Junta de Gobierno Local, Fanny Serrano, puntualizó que este expediente, iniciado al llegar al gobierno en agosto de 2015, se encontraba en suspenso después de que se adjudicara inicialmente tras más de un año de procedimiento administrativo a la empresa OHL y de que ésta quedara fuera por faltarle un documento. OHL reclamó este aspecto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos de Contratación, quien resolvió a su favor. El Ayuntamiento acató el fallo y ahora se procede a la adjudicación.

También ha habido otras referencias a expedientes de contratación, como el relativo al contrato de los servicios de sustitución y puesta a punto del tubo central de temperatura ambiente y reparación de la maquinaria de disco, tubo de la piscina climatizada municipal. Serrano ha aclarado los antecedentes de este expediente, en el que los técnicos inicialmente establecieron la necesidad de cambiar el trazado del tubo central de retorno de aire y una vez que se ha profundizado en el proyecto, han estimado que lo adecuado era sustituirlo por lo que ese proyecto inicial de mayor envergadura se va a resolver con un contrato menor. Por otro lado, en estos días se está fraguando el vaso de la piscina cubierta municipal, con el fin de que cuando se abra, lo haga con todas las garantías de seguridad para los usuarios.

Además, se ha aprobado la propuesta para contratar el arrendamiento de un local situado en la calle Diego Ramírez para que siga sirviendo como biblioteca municipal. El precio estimado es de 1.815 euros mensuales y está previsto por un período de 4 años, prorrogable por otros 2. Y se ha rectificado un error en la dirección de una empresa a invitar en el procedimiento de suministro de cartuchería metálica para los ejercicios de tiro de la Policía Local.

En la Junta de Gobierno Local también se han acatado dos sentencias favorables al Ayuntamiento y otra desfavorable. Entre las favorables, una se refería a la validez de la segunda multa coercitiva que se había impuesto a un particular que había incumplido la legalidad y no había ejecutado la demolición que se había dictado, y la otra estaba referida a una reclamación patrimonial por una caída en la avenida del Paseo de la Libertad y en la que el juez ha sentenciado que es una de las calles más transitadas, el desperfecto era nimio y no se puede culpar a la Administración por ello, además de recordarle a la demandante que debería haber ido con más cuidado. La desfavorable se refería a un recurso de apelación interpuesto por dos particulares a los que se les da la razón en cuanto a la liquidación de intereses en una sentencia de expropiación.

Fanny Serrano también ha explicado que en esta JGL, el Ayuntamiento también ha reconocido su responsabilidad patrimonial en la reclamación por el daño que los bolardos han hecho a la rueda de un coche. En este sentido ha comentado que desde que se pusieron estos adoquines y empezaron a llegar las reclamaciones por los pinchazos de ruedas, siempre se han estimado “porque los técnicos siempre han mantenido que los bolardos incumplían la norma. Habría que cuantificar los costes que esta decisión ha ocasionado para las arcas municipales”, comentó la edil, quien recordó que los de la puerta del Ayuntamiento los ha retirado el actual equipo de Gobierno.

La Junta de Gobierno Local a instancia del instructor de los expedientes disciplinarios abiertos a los dos funcionarios señalados por la sentencia nº 562/2016 por acoso laboral y en virtud del auto aclaratorio dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche, ha aprobado anular dichos expedientes e incoar otros nuevos para especificar en ellos los hechos imputados a cada uno de los funcionarios en esta sentencia ya que antes se hacía referencia a la misma pero no se detallaban.

Entre los puntos del día estaba, además, la aprobación de la propuesta del concejal de Hacienda relativa a aspectos técnicos de la modificación de la ordenanza relativa a los vados y la plusvalía ya que se va a derivar a SUMA la gestión de los mismos y estos cambios son imprescindibles.

También se han aprobado por unanimidad las 22 solicitudes que han presentado distintos interesados relativas a autorización para el montaje de atracciones feriales en el recinto ferial de Torrevieja y las 6 solicitadas para la Plaza Encarnación Puchol de La Mata.