Es mi deseo bienintencionado, quizá por motivos de cercanía temporal, que el  primer contacto entre los lectores de este diario, al cual le deseo larga y próspera vida,  y un servidor, sea dedicado a  las pensiones y a los pensionistas.

Y no es un tema de importancia menor sino capital y en  la que la MERP (Mesa Estatal pro-Referéndum de las Pensiones) realiza , desde todos los ámbitos, una gran campaña institucional, social  y mediática   defendiendo, ante Tirios y Troyanos, una reforma de la Constitución que prohíba expresamente  que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de las mismas o degradar su poder adquisitivo, defendiendo para ello una unidad sin distinción de ideologías, credos religiosos o siglas partidistas. Campaña que va desde recoger firmas en la calle o reunirse con el Defensor del Pueblo y sus homónimos periféricos hasta iniciar una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados.

Aparte de las anteriores una de las iniciativas que más impacto  ciudadano está causando es la presentación de una moción ante los ayuntamientos que, recogiendo  los citados criterios,  pueda desembocar en la aprobación  de la misma. Hasta el momento muchos consistorios de nuestra geografía nacional la han aprobado con mayor o menor respaldo. Sin ir más lejos Zaragoza, Hospitalet de Llobregat o el consistorio  de la Palma, por ejemplo. Y  más cercanos  a Alicante los de Alcoy y San Vicente del Raspeig mientras que en  otros  municipios de nuestro entorno  ya se ha presentado la moción y  se está a la espera  de la resolución: Onteniente, Elche, Elda, Alicante, y suma y sigue.

No hace falta tener  muchas luces para entender que ningún  ayuntamiento  puede ejercer ninguna acción ejecutiva en esta materia. Materia que se inscribe dentro de las competencias de otras instituciones  como son el Congreso, el Senado o el Pacto de Toledo en última instancia, que son las que pueden ejecutar gestiones modificadoras de tal  asunto.

Se entiende, por tanto, atendiendo a las luces citadas y dada la transversalidad del problema, que en la MERP solo  buscamos  el respaldo de nuestros  representantes municipales -instituciones políticas más cercanas y visibles-  en torno a un tema  que tarde o temprano terminará, si nadie lo remedia, por afectar  a casi todos  con mayor o menor intensidad. No se trata, por tanto, como en algún grupo municipal de algún ayuntamiento de los citados se ha querido hacer ver durante la discusión de la moción  -con esa verborrea “sine materie” de los políticos de salón-  de mociones “churreras” que nada tienen que ver con el municipio o sus ciudadanos. Para nosotros, imaginamos que para muchos, el tema de las pensiones es un tema  que compete a todos. Darle refrendo, difusión, apoyo  y aliento  por parte de los ayuntamientos es una forma, también, de promover el debate en la sociedad,  un modo de  evidenciar un derecho ya existente y una manera de ampliar el espíritu democrático ya reconocido en la Constitución y de mandato inexcusable para los poderes públicos, incluidos los municipales. Se trata, al fin y al cabo, de crear nexos empáticos  entre  gobernantes y gobernados  en torno a  un problema  común  cuya  defensa puede y debe  generar  confianza mutua  ampliando el debate  para que llegado el momento, si se produce,  la ciudadanía pueda votar, con  rigor y seriedad en un referéndum vinculante.

No necesitamos ya asistir a la reedición de esa vieja, rancia y anacrónica política neoliberal, sufrida  y en trance de ser  olvidada por los ciudadanos, y que algunos  siguen desgranando  como panacea sin éxito pero convencidos,  sobre los  usos y  formas de una política social y económica  ajenas a los intereses de los mismos y puestas al servicio de los poderes financieros.

Absténganse por tanto mentecatos y flojos de calificar a la moción de populista. Se trata, simplemente,  de describir una  estrategia  que sostiene la reivindicación del Estado  como defensor de los intereses de  todos los ciudadanos con el fin de lograr la justicia social. Sobre todo cuando los viejos cánones de la tradición política dejan de funcionar y la profunda  crisis  del eje izquierda-derecha actual  olvida demasiadas cosas y  deja en la estacada a lo más valioso de la sociedad: sus ciudadanos. Si por populismo se refieren  a la  tensión política con la que, inevitablemente, hay que contar en la creación de una  identidad  popular que pueda enfrentarse  a quienes degradan sus derechos, estoy de acuerdo. Pero sin olvidar que tal condición deja  en evidencia, por inutilidad,  al Estado de derecho, al parlamentarismo y al orden constitucional mientras se  llama “funcionamiento de las instituciones” a lo que no es más que una cobertura para la dictadura de los poderes financieros».

Agradecemos  en nombre de la MERP a todos los municipios y grupos  municipales que han debatido la moción. Y afirmamos  que  los que votaron de forma afirmativa alientan una democracia más amplia, más soberana y participativa y el entendimiento de una economía más justa, equitativa y solidaria. Y a los que se abstuvieron  o votaron no porque nos recuerdan   cuanto de prioritario es   poner la economía al servicio el ciudadano.

Adrián Martínez

Médico y miembro de la Coordinadora Estatal de Recortes-Cero