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EL DELEGADO GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DEBE ACTUAR

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, OCC, tiene la obligación de informar sobre cualquier comportamiento irregular de organismo o institución pública que actúe al margen de criterios establecidos en normas o leyes en este país, y desafortunadamente hoy tenemos que denunciar públicamente que los criterios de la Subdelegación del Gobierno en Alicante sobre desautorizaciones realizadas a colectivos o sindicatos en materia de reunión son bien distintas según “ el color de las siglas convocantes”.
El pasado 25 de septiembre de 2015, este Observatorio tenía previsto celebrar una concentración frente a la Comisaría Provincial de Policía en la ciudad de Alicante, debidamente comunicada en tiempo y forma sin alterar de ningún modo la atención a los servicios públicos por parte de particulares que pudieran acudir a Comisaria, caso del D.N.I., y en un ambiente correcto y adecuado al ordenamiento jurídico y a la constitución, que no violentaba la integridad moral ni el libre ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos y los funcionarios policiales.
Se nos desvió al final de la calle Isabel La Católica, a la altura del número 27 y 28, es decir, negándonos el lugar elegido frente al edificio policial basándose en un informe remitido por parte de la Comisaría Provincial de Alicante a esa Subdelegación del Gobierno, que se fundamentaba en dos apartados: A) Nivel de Alerta Antiterrorista Nivel IV y B) Incidir en los servicios públicos de particulares que acuden a la Comisaria, caso del D.N.I.
Ello propició la renuncia por parte de OCC a realizar la concentración por entender que se deslegitimaba el ejercicio de un derecho con argumentos poco convincentes por parte de en aquel momento el comisario provincial Sr. Cuasante, actual Jefe Superior Valenciano, de quien cabe recordar se le iba a mostrar nuestro rechazo al ser requerido por el Consejo del Poder Judicial y la propia DGP, por su falta de diligencia en la remisión de informes en temas relacionado con la corrupción política en Alicante y provincia que afectaban al caso Brugal.
El pasado día 14 de diciembre del presente año 2016, en el lugar prohibido, restringido y vigilado por varios policías nacionales para identificar y sancionar a los posibles concentrados del OCC hace exactamente un año, hemos visto con agradable sorpresa una concentración de funcionarios policiales con pancartas exigiendo y denunciando problemas laborales, pese a que persiste la alerta IV por amenaza terrorista y que ese día también las oficinas del DNI funcionaban con toda normalidad.
Consideramos una total injusticia social y administrativa la restricción impuesta al OCC basada en la voluntad o capricho de algunos mandos policiales o políticos que por aquel entonces obstaculizaron un derecho constitucional a los solicitantes y que exige en estos momentos una explicación pública por parte del Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, o en comparecencia pública en las Cortes Valencianas, para conocimiento de todos los ciudadanos.


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