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CC.OO. considera insuficiente el RD sobre la pobreza energética

carmen-palomar

Miles de personas se manifestaron la pasada semana contra los cortes de luz a las familias sin recursos y las tarifas abusivas. Junto a estas reivindicaciones, se defiende la creación de una tarifa social, en sustitución del actual bono social, el reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs); una Auditoría al sistema eléctrico, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas, y la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, que pasaría del 21% actual al 4%.

El acuerdo publicado en el BOE mediante RDL  de prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables es un primer paso en la buena dirección, aunque insuficiente, para reducir los altos niveles de pobreza en nuestro país, que debe ser completado con la creación de una auténtica tarifa social (de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta) que sustituya al actual bono social, ya que éste solo supone la reducción de un 25% en la tarifa y no protege a las rentas más bajas.

Este acuerdo para la prohibición de los cortes de suministro eléctrico a las familias en situación de pobreza energética severa resulta insuficiente, puesto que debe completarse, de forma inexcusable, con una extensión del mismo a los suministros de gas y la puesta en marcha de un procedimiento urgente que permita su aplicación inmediata. En este sentido, consideramos no adecuado a que se retrase su aplicación al mes de marzo o abril, condenando de esta forma a miles de personas a pasar frío este invierno debido a los plazos de tramitación de las normas, porque el problema no es a corto plazo es ya, no nos cabe duda de que, si hay voluntad política, se pueden arbitrar mecanismos para adelantar esa protección.

En cuanto a la negociación que ha dio lugar a este acuerdo, hemos de valorar como positivo las movilizaciones que se han realizado, por lo tanto SI VALE la pena la movilización, al mismo tiempo que nos hubiera gustado que hubiese tenido un acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias que han venido manifestando su apoyo a las propuestas presentadas contra la pobreza energética. Situación que debería corregirse para intentar el apoyo unánime del Parlamento en su convalidación del citado RDL.

Para hacer frente de forma efectiva al grave problema de la pobreza, esta primera medida debe complementarse con la regulación de una tarifa social que ampare a todos los consumidores de luz y gas cuyos ingresos se encuentre por debajo de los límites que se establezcan. Tarifa que se debe estructurar en varios tramos en función de las rentas y con diferentes niveles de ayuda y para cuya tramitación parlamentaria se debería contar con la participación de las organizaciones sindicales que venimos presentando propuestas en este ámbito.


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