El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, presentó ayer por registro de entrada, un documento de 11 páginas donde recogía varias alegaciones que, en resumen defienden el uso del castellano y a los castellanohablantes, clasificando además dicho decreto de plurilingüismo como “un atentado contra la seguridad jurídica por su ambigüedad en muchos aspectos”. 

Tal y como recoge textualmente el documento de alegaciones, el alcalde manifiesta que “consideramos que las aspiraciones de este decreto van más allá de las estrictamente académicas intentando convertir la lengua en un instrumento donde se afiance una determinada forma de pensamiento y una determinada forma de entender y vivir la lengua”. 

Las alegaciones presentadas hacen mención a diferentes artículos del decreto alegando, en primer lugar, que el Decreto de plurilingüismo “que pretende imponer el Consell es discriminatorio ya que se reduce el castellano en todos los niveles de los centros educativos a mínimos niveles”, de manera que con dicha regulación, un alumno que quiera obtener el B2 de inglés y el C1 de Valenciano al finalizar el segundo curso de Bachillerato, “tendrá que estar en un centro que haya implantado el nivel avanzado 2, y ello comportará tener que dar más de la mitad de las asignaturas en valenciano, en detrimento de las que se impartirán tanto en inglés como en castellano”.